Ecuador.- La Fiscalía General de Ecuador está llevando cabo un proceso formal de investigación por diferentes delitos contra varios miembros del movimiento Revolución Ciudadana que lidera el expresidente Rafael Correa. Ya son 14 personas las que están en prisión preventiva y otras siete permanecen protegidas por la Embajada de México.

En los últimos días, la Fiscalía informó sobre las detenciones de funcionarios y exfuncionarios simpatizantes del movimiento de Correa, a los que acusa de haber estado detrás de los actos vandálicos, saqueos y agresiones, con el objetivo de desestabilizar al gobierno de Lenín Moreno.

La detención más reciente fue la de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón este lunes. Además, su domicilio fue allanado.

De acuerdo a la Fiscalía, se levantaron indicios como equipos tecnológicos, teléfonos, sustancias sujetas a fiscalización y documentación. Este martes, un juez le dictó prisión preventiva y ordenó la inmovilización de sus cuentas. La Fiscalía le formuló cargos de “rebelión” en relación con los actos delictivos registrados durante las protestas. El proceso de instrucción fiscal durará 90 días. Junto con Pabón, dos personas más están siendo investigadas dentro del mismo caso.

En un video publicado en su cuenta de Twitter durante el allanamiento de su vivienda, Pabón dijo que “no hay pruebas” en su contra y que su detención es una persecución política.

Además, la Fiscalía informó sobre el allanamiento este lunes al domicilio de Virgilio Hernández, exasambleísta del correísmo.

Se levantaron indicios como dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y otros elementos. CNN ha intentado comunicarse con Hernández, pero no ha sido posible. No se conoce el paradero de Hernández. Sin embargo, el exasambleísta escribió este lunes en su cuenta de Twitter que no ha cometido ningún delito.

Por otro lado, la exalcaldesa de Durán, Alexandra Arce, fue detenida junto a otra mujer el domingo. Su vivienda fue allanada y se incautaron celulares y computadores en busca de mensajes que pudieran estar relacionados con la paralización.

Una jueza dictó prisión preventiva en contra de las dos mujeres y abrió una investigación por su posible participación en los delitos de asociación ilícita, paralización de servicios, rebelión y discordia en manifestaciones.

Durante los días de protestas se registraron saqueos, cierres de vías y violencia en el cantón Durán, provincia de Guayas.

En días pasados, el asambleísta Yofre Poma; el prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez, y siete personas más fueron detenidos por su presunta participación en la paralización de un servicio público. Un juez les dictó prisión preventiva y retención de cuentas bancarias. Los detenidos son sospechosos de haber ingresado violentamente con palos y fierros a las instalaciones de la estatal Petroecuador en Sucumbíos, según informó la Fiscalía.

Los procesados, según el reporte de la Fiscalía, habrían entrado a la sala de control de operaciones destruyendo las puertas del edificio y con la amenaza inminente de atentar contra la integridad de los equipos de bombeo del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), así como de los operadores de Petroecuador. El Sistema de Oleoducto Transecuatoriano se habría detenido durante dos horas y 19 minutos.

Gustavo García, abogado del legislador Poma, dijo a CNN que el día de su detención el asambleísta “se estaba manifestando como cualquier otro ecuatoriano” y que ingresó a las instalaciones de Petroecuador “porque la puerta estaba abierta”. Negó haber afectado las operaciones técnicas.

Por su parte, Byron Torres, abogado del prefecto Chávez y los otros siete detenidos, dijo que esta es una “criminalización del derecho a la protesta y a la resistencia” por pertenecer al Movimiento Revolución Ciudadana. Insistió en que “no hay elementos suficientes” para responsabilizarlos de paralización de servicio público.

Agencias