Una vez que se termine el proceso del Brexit el 31 de enero, como está inicialmente previsto, la Unión Europea y Reino Unido deben negociar su futura relación y llegar a un acuerdo comercial.

El pacto sellado entre ambas partes establece el plazo en diciembre de 2020, pero contempla la posibilidad de ampliarlo dos años más. Sin embargo, el primer ministro británico, Boris Johnson, que revalidó su cargo con mayoría absoluta el 12 de diciembre, no quiere que las conversaciones se prolonguen y que esta situación le obligue a solicitar una prórroga del periodo de transición. Por esta razón, propone una ley que declarará ilegal cualquier extensión del acuerdo.

Su Gobierno llevará el próximo viernes a la Cámara de los Comunes, para que sea aprobada, un ley que autoriza el Brexit para que sea implementado antes de enero de 2020, pero con una cláusula que recoge que el nuevo texto va a convertir en ilegal la posibilidad de ampliar el posterior periodo transitorio, que empieza el 31 de enero, más allá de diciembre de 2020.

El acuerdo inicial alcanzado entre Reino Unido y Bruselas permite una extensión por dos años más, pero Boris Jonhson, respaldado por su amplia mayoría en las elecciones, quiere que se cierre en 2020.

Durante el periodo de transición, el país británico seguirá en el mercado común y la unión aduanera, para facilitar los intercambios comerciales mientras se negocia un nuevo tratado con la UE.

Desde Bruselas no creen que sea posible llegar a un acuerdo en tan solo 11 meses. Los términos a analizar son muy numerosos.

Asimismo, luego de establecer las condiciones para los flujos de mercancías, deben fijar las reglas para la venta de servicios, el flujo de capital, el movimiento de trabajadores, el acceso a las aguas británicas de la flota pesquera europea, el tratamiento de datos y la coordinación de seguridad, entre otros factores.