El tribunal de Edimburgo que decide sobre la euroorden cursada por Pablo Llarena para la entrega de la exconsellera Clara Ponsatí no tomará ninguna decisión hasta el mes de agosto. La corte necesitará una nueva audiencia para decidir cómo procede en la petición de extradición, ha avanzado este jueves la agencia Reuters y hasta el 15 de mayo no se celebrará la próxima vista preliminar.

Ponsatí, política catalana y profesora en la Universidad de Saint Andrews -donde ejerció como profesora de Economía y Finanzas entre 1996 y 2016-, volverá a ser requerida por la justicia escocesa y su defensa deberá argumentar el rechazo a la extradición. Su abogado, Aamer Anwar, ha apuntado a la salida de los tribunales que la nueva vista tendrá lugar a partir del 30 de julio y que durará dos semanas. Antes habrá dos vistas preliminares, pero no habrá ninguna decisión hasta bien entrado el verano.

Este jueves, durante la audiencia  presidida por el funcionario judicial de turno, Nigel Ross, el equipo legal de Ponsatí dejó claro que rechaza su entrega a España por considerar que los cargos por los que ha sido procesada tienen una motivación política. El abogado defensor, Gordon Jackson, precisó que su cliente apelará la extradición por estimar que la euroorden no es válida y para defender sus derechos humanos. Anwar es el representante legal de Ponsatí, pero Jackson es quien la defiende ante los tribunales, ya que en la Justicia británica hay dos figuras de letrados (uno que representa y otro que defiende), explica Efe.

En la vista, el letrado dijo que “la posición fundamental aquí es el abuso de proceso; esto está envuelto en una forma legalista”, pero que se trata “puramente” de una “decisión política”. “Es un intento de meterlo en alguna fórmula legal y tenemos intención de mostrar lo que realmente está pasando aquí”, manifestó.

El letrado que le representa, especialista en derechos humanos y rector de la Universidad de Glasgow, ha comparecido acompañado por Ponsatí, con la que ha llegado a la sede judicial, antes y después de la audiencia. Antes de la vista han apuntado ante los medios y las personas que se han congregado frente a la sede de los tribunales para apoyar a la consellera cesada que las órdenes europeas de detención y entrega “nunca debería ser empleada como herramienta de opresión política”.

Tras la primera vista, el abogado ha explicado que en sede judicial han defendido que se trata de un “proceso político” y que su representada en ningún caso ha participado en ningún acto violento ni ha instigado a la violencia, además de recordar la brutalidad policial del pasado 1-O y apuntar que no ha sido perseguida por ninguna instancia judicial.

Noticia con información de: La Vanguardia