El Gobierno británico tomará las riendas de la economía de Irlanda del Norte a final de este mes si los partidos de la provincia autónoma no logran un acuerdo para restaurar el Ejecutivo de poder compartido entre protestantes y católicos, suspendido desde el pasado enero. Los presupuestos de Irlanda del Norte tendrá la intervención del Ejecutivo central de Theresa May.

James Brokenshire, ministro encargado de Irlanda del Norte, va a redactar los presupuestos de Irlanda del Norte del ejercicio 2017-2018 (periodo iniciado el pasado mes de abril), que deberán ser aprobados por el Parlamento británico. Sin estos presupuestos, Brokenshire cree que la administración regional se quedaría sin recursos al final de noviembre.

“Voy a tomar los pasos necesarios para introducir una Ley de Presupuestos en Westminster, para proteger el suministro de los servicios públicos en Irlanda del Norte“, ha dicho hoy Brokenshire. Esto dará certeza a la administración para planificar el resto del ejercicio financiero, al darle la autoridad legal necesaria para realizar el gasto contemplado“. El ministro afirma que esta intervención no supone la anulación de la autonomía ni un regreso a la gestión directa desde Londres.

El DUP y el Sinn Féin tenían de plazo hasta este lunes para lograr un pacto, si bien Brokenshire ha decidido conceder más tiempo porque sus negociadores han sugerido que ambas partes han efectuado avances para acercar posiciones.

Asimismo, el ministro advirtió de que está examinando la legislación vigente para estudiar la posibilidad de suspender los salarios de los diputados norirlandeses, quienes han recibido unos emolumentos de 41.250 libras (47.140 euros) desde enero, a pesar de que el Parlamento de Stormont permanece inactivo desde entonces.

Brokenshire destacó que los partidos han limado algunas diferencias, pero reconoció que el espinoso asunto de la lengua gaélica, clave para el Sinn Féin, continúa entorpeciendo su avance.

El Ejecutivo de Belfast cayó el pasado enero cuando el histórico dirigente del Sinn Féin Martin McGuinness, ya fallecido, dimitió de su puesto de adjunto de la exministra principal y líder del DUP, Arlene Foster, por un caso de corrupción en la política de energías renovables detectado en la anterior legislatura.

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