En  horas de la mañana de este martes, el Parlamento de Escocia rechazó dar su consentimiento para la creación de la legislación británica que establecerá las bases sobre el estatus del Reino Unido una vez se retire de la Unión Europea (UE), lo que provoca todavía más incertidumbre constitucional sobre cómo se procederá a materializar el Brexit.

La asamblea de Edimburgo votó por 93 votos contra 30 negar el consentimiento al proyecto de ley (de retirada) de la Unión Europea, que actualmente se está tramitando en el parlamento nacional de Londres y debe aclarar la posición legal de Gran Bretaña cuando corte lazos con el bloque comunitario.

Aunque el Parlamento escocés no tiene ningún veto sobre el proyecto de ley, la negativa de dar su consentimiento establece un choque constitucional sin precedentes entre Edimburgo y Londres, complicando todavía más los planes de la primera ministra británica, Theresa May, para el Brexit.

Recuperar competencias

En abril, después de largos meses de discusiones, los ministros escoceses rechazaron un acuerdo para resolver la disputa sobre la ley del ‘Brexit’. A fin de encontrar una solución, el ejecutivo de May había introducido  algunos cambios en el texto que servirá para que el Reino Unido continúe funcionando sin problemas una vez se consume la ruptura con la UE. El Gobierno de Gales aceptó las modificaciones, pero no así la Administración de Escocia, controlada por los independentistas del Partido Nacional Escocés. Para Sturgeon y su equipo hacían falta nuevos cambios, ya que quedaba ““un punto clave” por cerrar.

El fondo de la confrontación es determinar quién heredará, después del ‘brexit’ en marzo del 2019, las actuales competencias que en estos momentos posee Bruselas, principalmente en materia de pesca y agricultura. Escocia las quiere recuperar para sí, mientras que el gobierno de May quiere que esos poderes de la UE le sean devueltos a Londres. De esta manera se desea proteger la integridad y uniformidad económica del país, con un marco común. Así se evitaría que diferentes naciones del país adopten reglas diferentes en el comercio interior.

Derecho de veto

El Ejecutivo británico se comprometió a consultar con el Gobierno escocés todos los cambios sobre esos asuntos en la legislación después del ‘brexit’. Pero Sturgeon considera que la simple consulta no es suficiente e insiste en que  su Gobierno, o el Parlamento de escocés, tengan el poder legal para bloquear cualquier cambio con el que no estén de acuerdo. Para los ministros británicos, ese derecho a veto es inadmisible.

La Cámara de los Comunes debe dar su voto final y la luz verde definitiva a la ley de salida de la UE en pocas semanas. El tiempo se agota para que May logre un acuerdo. Sturgeon advierte que “la pelota está en el tejado del Gobierno”. Es el que ha de decidir “si ignora los puntos de vista del Parlamento escocés, o los escucha y trata con mucho empeño de lograr a un acuerdo que cierre las diferencias que nos siguen separando”.

Noticia con información de: La Vanguardia y El Periódico