El ministro de Justicia de Perú, Enrique Mendoza. sorprendió al mencionar que, a título personal, está a favor de la pena de muerte para violadores de niños. En el programa Agenda Política dijo que el Perú ratificó el Tratado de San José en el que se compromete a no aplicar dicha medida. 

El tema de la pena de muerte es delicado, y como cada cierto tiempo, la posibilidad de ampliar el alcance vuelve a dividir a la política. Las palabras del ministro tuvieron eco en el fujimorismo, la congresista Úrsula Letona anunció que Fuerza Popular prepara un proyecto de ley para instaurar la pena capital. “Estoy a favor de que se revise la pena de muerte para los violadores de los niños menores de cinco años”, dijo a la prensa. 

Similar opinión tuvo su colega Karla Schaefer y el congresista aprista Javier Velásquez Quesquén. Éste último habló a título personal: “Pena de muerte debería ser para violadores y terroristas”. 

En declaraciones a la prensa, Letona expresó que son varios los congresistas que se han manifestado a favor de abrir la discusión respecto al tema. 

Asimismo, afirmó que el hecho de ultrajar a un menor de cinco años le parece completamente aberrante, y ello evidencia un fracaso como sociedad ante el intento de penalizarlo. 

Con respecto al debate, la militante fujimorista señaló que es necesario contar con la academia y el consenso de la gente, “escuchar lo que pide la calle”, ya que aseguró, que “la ciudadanía está harta de escuchar este tipo de situaciones sin que exista una respuesta efectiva por parte del gobierno”. 

En tanto, los otros ministros de Estado como Carlos Bruce (Vivienda), Carlos Basombrío (Interior) y Choquehuanca (Mujer) dijeron estar en contra. 

Pena de muerte a violadores es un regalo a ellos. Todo acaba rápido más justa la cárcel, más dura con cadena perpetua”, señaló el ministro Basombrío. Esto luego que el presidente Pedro Pablo Kuczynski mencionar que la Constitución no tiene contemplada la pena de muerte. 

Cabe recordar que el artículo 140 de la Constitución señala que solo se aplica la pena capital por el delito de traición a la patria y conforme a los tratados internacionales firmados. Esto hace referencia al tratado de San José.  

Tras las violaciones sucedidas durante las últimas semanas, el reclamo ciudadano alcanzó las esferas políticas y tanto miembros del Ejecutivo como del Legislativo se manifestaron sobre esa posibilidad. 

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