Amber Rudd, la ministra de Interior del Reino Unido, anunció que se eximirá de las tasas de nacionalización y de los exámenes de inglés requeridos para obtener el pasaporte británico, a miles de inmigrantes de la Commonwealth que llegaron al país entre las décadas de 1940 y 1970.

Durante su intervención en la Cámara de los Comunes, Rudd afirmó: “Hemos sido demasiado lentos para darnos cuenta de que había un grupo de personas que necesitaban ser tratadas de forma distinta y de que el sistema era demasiado burocrático”.

Algunos de esos inmigrantes han perdido sus trabajos, han visto negado su derecho a la sanidad, han sido amenazados con la deportación, o bien no han podido regresar al Reino Unido tras visitar su país de origen

Las medidas para facilitar la nacionalización llegan ante la polémica provocada por la situación de la llamada “generación Windrush”, que engloba a personas que llegaron al Reino Unido para cubrir la falta de mano de obra en las décadas posteriores a la II Guerra Mundial, algunas de las cuales no han podido demostrar en los últimos años su derecho a permanecer en el país.

Según han revelado los medios británicos, algunos de esos inmigrantes de la Mancomunidad de Naciones, que llegaron al país siendo niños junto con sus padres, han perdido sus trabajos, han visto negado su derecho a la sanidad, han sido amenazados con la deportación, o bien no han podido regresar al Reino Unido tras visitar su país de origen.

Su situación legal cambió debido a un endurecimiento de la ley promulgado por la primera ministra, Theresa May, cuando era titular de Interior, entre 2010 y 2016.

Las personas que llegaron al Reino Unido antes de 1973 recibieron de forma automática el derecho indefinido a residir y trabajar en el país, pero Interior no conservó un registro de los inmigrantes incluidos en esa medida ni documentación relativa a su estatus legal.

A algunos de ellos se les exige ahora que prueben que han residido en el país durante diversas décadas y que aporten entre uno y cuatro documentos que acrediten su estancia en el Reino Unido por cada año que han vivido en las islas británicas.

”Estoy personalmente comprometida a atajar la inmigración ilegal, porque he visto en mi trabajo el terrible impacto que tiene en los más vulnerables de nuestra sociedad”, dijo hoy Rudd.

”Pero esos pasos, pensados para combatir la inmigración ilegal, han tenido un impacto no intencionado, en ocasiones devastador, en las personas de la generación Windrush”, agregó la ministra de Interior.

La semana pasada, May avanzó que su Gobierno prepara un programa para ofrecer una “compensación” aquellos inmigrantes de la Mancomunidad de Naciones que han sufrido “ansiedades y problemas” en relación a su situación legal en el Reino Unido.

Noticia con información de: La Vanguardia