Un total de 20 solicitantes de asilo en España, reclamaron ante el Ministerio de Empleo y Seguridad Social que se les admita en el sistema de acogida e integración, con el objetivo de poder tener unas “condiciones de vida dignas” hasta que sean independientes económicamente o se resuelve su solicitud de asilo.

Estas personas presentaron unos requerimientos en la Secretaría General de Inmigración y Emigración tras concentrarse en la puerta de este departamento, para exigir “políticas de acogida dignas”, apoyados por  la ONG Coordinadora de Barrios y la Red Solidaria de Acogida.

Según la abogada Patricia Fernández, de la Coordinadora de Barrios, a estos solicitantes se les niega su inclusión en el sistema de acogida en virtud del Reglamento de Dublín, que establece que las personas deben pedir asilo en el país de la Unión Europea por el que se ha ingresado a este espacio común.

Esta situación provoca que al pedirlo en otros Estados a los que se desplazan porque tienen allí sus familias, los gobiernos las devuelvan al país de entrada, en este caso a España, después de que el Gobierno español admita el estudio de su petición de asilo.

“Entendemos que si España se declara competente para estudiar su caso de asilo, inequívocamente tiene que ir unido el reconocimiento de todos los derechos como solicitantes de asilo”, ha aseverado Fernández.

Sin embargo, el Ministerio “les está dejando en situación de calle y eso les aboca a una situación de indigencia”, ha denunciado la letrada, que ha precisado que estas personas están alojadas en albergues para gente sin hogar o durmiendo en habitaciones con 50 y 60 personas.

Una posición que, ha lamentado Fernández, es que no se les permite tener acceso a ninguno de los programas de inclusión social como los de aprendizaje del español o formación para el empleo, ni tampoco asistencia psicológica.

Asimismo, ha criticado que Empleo “no haya adecuado las necesidades de acogida” ya que España es el único país europeo en el que sigue aumentando el número de solicitudes de asilo, y ha recordado que “hubo una época” en que el ministerio sí permitía que volvieran al sistema de acogida.

“Actualmente, con el único criterio de la falta de plazas, el Ministerio de Empleo establece criterios restrictivos de acceso a las plazas de acogida con la finalidad de no tener solicitantes en las listas de espera”, ha denunciado.

La abogada ha hecho hincapié en que lo que se reclama es que se les reconozcan los derechos fijados en la Directiva Europea de Condiciones de Acogida de 2013, que es “de obligado cumplimento”. “Existe una obligación del solicitante que es retornar al país por el que entró y ellos cumplen con esa obligación. Y existe una obligación por parte del Estado de proveerles de los medios de vida dignos hasta que sean independientes económicamente o hasta que se resuelva su solicitud de asilo”, ha recalcado.

 

Noticia con información de: www.publico.es